Graves deficiencias en la prestación de servicios de salud en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, encontró la Contraloría General de la República en una Actuación Especial de Fiscalización, donde el hallazgo más importante se traduce en un daño fiscal por $1.767 millones.

Dicho hallazgo corresponde al mal uso del 80% de los recursos de la ejecución del contrato destinado a mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura hospitalaria (contrato interadministrativo No. 1134 de 2007, celebrado entre el Departamento y la IPS Universitaria).

Según el Contralor Delegado para el Sector Social, Julio César Cárdenas, quien líderó esta actuación, los hallazgos administrativos detectados ponen en riesgo la salud de los habitantes de esta zona del país.

La Actuación Especial de Fiscalización, comprendió las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019 (con corte a 30 de marzo), y fue autorizada por el Contralor Carlos Felipe Córdoba, a raíz de un control excepcional solicitado por una veeduría, donde se incluyeron 12 hospitales, entre ellos el de San Andrés.

Se encontró que el departamento no ha cumplido oportunamente con la obligación de invertir en infraestructura, equipos de imagenología, neurocirugía, cirugía, odontología, central de esterilización, urología y oftalmología, los cuales se encuentran en total abandono.

Cobros de actividades no realizadas y daño fiscal

Al revisar el Contrato Interadministrativo 1134 de 2017, se determinó que de los $2.205 millones que debía entregar la IPS Universitaria al Departamento como contraprestación en mantenimiento correctivo y preventivo, solo ha invertido $437 millones, lo que equivale, aproximadamente al 20%, lo que genera un daño fiscal por $1.767 millones.

De los recursos que tenía que invertir la IPS Universitaria, que estaban por el orden de los $105 millones mensuales, para todo lo que es mantenimiento preventivo y correctivo, el 80% no se invirtieron, utilizándose de forma irregular.

Se determinó que la IPS quería cobrar actividades que no se habían realizado, para generar unos gastos superiores y decir que estaban completando ese rubro de los $105 millones, para descontarlos, no siendo cierto, explicó el Contralor Delegado para el Sector Social.

Más irregularidades

Igualmente, se evidenció que la Superintendencia Nacional de Salud ha impuesto al departamento multas por un valor cercano a los $1000 millones por la omisión en el ejercicio de inspección, control y vigilancia, pero a la fecha solo ha pagado una de ellas por $7 millones.

Por otra parte, se encontró que la Gobernación no garantizó los permisos para el ingreso de especialistas en salud; canceló las agendas médicas y dejó a los pacientes sin consulta.

También se determinó que para la prestación de servicios de salud en Providencia y Santa Catalina no existe habilitación para la prestación de algunos servicios, especialmente urgencias y en los habilitados tenían problemas.

Otro motivo de preocupación por la gestión en los servicios de salud en el archipiélago es que al momento de la suscripción del contrato con la IPS Universitaria, y a la fecha, el departamento no cuenta con un el Modelo Integral de Atención en Salud -MIAS- que obedezca a las necesidades del territorio.

Finalmente, la Actuación Especial de Fiscalización llevada a cabo por la CGR concluyó que el modelo de gestión en funcionamiento no garantiza el derecho fundamental a la salud de la población raizal y visitantes del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina.